Sánchez quitará el factor de sostenibilidad de las pensiones pero aplicará otro recorte

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado a bombo y platillo su compromiso de eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Ese mecanismos fue creado -y paralizado- por el Gobierno de Mariano Rajoy para ajustar la pensión a los años de esperanza de vida. Al ser creciente esa esperanza, el resultado final es un recorte de la cuantía mensual de la pensión de cada jubilado. El presidente del Gobierno y su vicepresidente segundo anunciaron, por ello, que lo quitarían. Pero se olvidaron de anunciar lo que ya recogen los documentos del Gobierno remitidos a Bruselas como compromiso para poder cobrar el rescate: que lo sustituirían por otro que mantiene la adaptación a esa esperanza de vida e introduce, además, sistemas correctores por motivos como el incremento del envejecimiento de la población. Es decir, que quitarán un recorte pero pondrán otro.

El nuevo modelo aparece recogido en el documento de reforma que acompaña al plan de recuperación de España. El documento, de hecho, recoge el compromiso de España ante la UE de llevar a cabo determinadas reformas para garantizar la viabilidad económica y poder recibir los 70.000 millones en ayudas directas del rescate europeo.

En ese documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, figura la siguiente medida: “Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional”. El texto detalla que “la falta de consenso acerca de la configuración del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 exige plantear su sustitución por un nuevo mecanismo que persigue la preservación de la equidad intergeneracional”. No habla de erradicación del factor de sostenibilidad. Habla de sustitución por otro.

¿Y en qué consiste ese nuevo mecanismo? También lo detalla: “En concreto, se prevé la introducción de un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. De ese modo, si crece más rápido el número de pensionistas que el de cotizantes -como ocurre en las crisis-, se tendrán que recortar las pensiones.

El texto da más claves: “La reforma de 2013 introdujo la regulación del factor de sostenibilidad en el que el ajuste en función de la evolución de la esperanza de vida se realizaba sobre la cuantía de la pensión al jubilarse. Esta configuración de dicho factor como coeficiente reductor automático de las pensiones carga exclusivamente sobre los pensionistas el coste de la alargamiento de la expectativa de vida sin permitirles, además, una planificación y un ajuste previos. Ello explica la falta de consenso sobre esta medida cuya entrada en vigor prevista para 2019 fue suspendida en 2018 por el mismo Gobierno que la aprobó”.

La generación el Baby Boom

El Gobierno de Pedro Sánchez incluye un último párrafo con la explicación detallada de los factores que intervendrán en el nuevo mecanismo corrector de las pensiones: “Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para eso equilibro va a suponer la jubilación de la generación del Baby Boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.

Esto se hará porque la realidad es que las pensiones son cada vez más difíciles de financiar, lo admitan o no. La previsión de cierre del déficit de la Seguridad Social en 2020, de hecho, se sitúa en el 4,1%: nada menos que unos 45.000 millones de euros, según el propio Plan Presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas.

Hay que recordar que el Gobierno del PSOE y Podemos se presentó anunciado su compromiso de impulsar una auténtica revolución en el sistema de pensiones justo en el peor momento. La palabra que resumía la hoja de ruta era: derogación. La enmienda a la totalidad a cualquier recorte, porque, según su versión, la falta de fondos era un invento liberal.

Por aquellas fechas, el inicio de 2020, las cuentas ya evidenciaban que el agujero de la Seguridad Social crecía sin freno -2019 cerró con un déficit del sistema de pensiones de 16.793,3 millones de euros, y en 2018, de 18.286,46 millones.

Pero todo ello no fue obstáculo para que Pedro Sánchez e Iglesias anunciaran “un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema pública de pensiones”.

Su objetivo, dijeron, era blindar las pensiones por Ley: “Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas”. Además, “podrán recibir pensiones de viudedad las parejas sin vínculo matrimonial”, y “se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras cuestiones, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del Sistema”: “En el marco de esta reforma, eliminaremos el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”.

Ahora se desvela que se eliminará, poniendo otro que también recorte las pensiones. Porque, lo cierto, es que el déficit no permite otra cosa.